En un despacho del cuarto piso de Comodoro Py un juez le dijo a un abogado: “Usted no tiene derecho a nada”. Fue dos semanas atrás. El defensor había pedido dejar constancia de que estaban presentes supuestos empleados de la fiscalía no autorizados para eso, ya que se encontraba allí el propio fiscal. El juez impidió que el episodio quedara asentado e hizo llamar a dos policías de la custodia para insinuar que la discusión podía terminar en arresto. La anécdota no es pequeña. Retrata un estado de amenaza que habita en los tribunales federales a toda hora y en cualquier circunstancia. Tiene como blanco predilecto a la oposición política, como es fácil deducir sumar procesamientos y detenciones, pero ya opera como una forma de disciplinamiento social de amplio espectro. 

Como advertencia, condensa criterios que hoy mandan en el sistema de justicia: privaciones de la libertad sin juicio previo, sin causa siquiera a veces, arrestos sin indagatoria, decisiones de gobierno o políticas de Estado interpretadas como delito, prohibición de acceder a los expedientes para quienes están imputados, peritajes dirigidos encomendados a las fuerzas de gran confianza del Poder Ejecutivo o peritos selectos. Todo esto tuvo su máxima expresión en período de campaña electoral, pero continúa, bajo una ofensiva explícita del Poder Ejecutivo, que incluye denuncias a los jueces que no satisfacen sus deseos, como sucedió con Daniel Rafecas y Ariel Lijo la semana pasada. La reacción de Lijo fue express: en tres días detuvo a Amado Boudou, a quien investiga hace cinco años.  

En otro tiempo no tan lejano, cuando llegaba la temporada de elecciones, los jueces federales se ahorraban grandes decisiones que pudieran incidir en la disputa política. Este año, ignoraron la tan venerada independencia -que es un deber y garantía para la ciudadanía– judicial y Comodoro Py se convirtió en epicentro de la campaña. La persecución judicial se enfocó en desgastar a ex funcionarios y políticos con potencial opositor, pero ignora a empresarios y dirigentes de turno.  

La matriz de este funcionamiento del Poder Judicial tuvo como referencia inicial la detención de Milagro Sala, apenas llegaron Mauricio Macri al gobierno nacional y Gerardo Morales al de Jujuy, y a poco del nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema. En esa provincia los jueces directamente hacen lo que pide el gobernador. Ahora le quitaron la prisión domiciliaria que había indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al alertar que corría peligro su vida en la cárcel.

Sólo en las dos semanas previas a las elecciones legislativas, fueron citados a indagatoria Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, tres ex jefes de gabinete, el ex ministro de Planificación Julio de Vido fue procesado y citado en Odebrecht, y fue detenido su ex mano derecha Roberto Baratta. También fue citado Boudou por facturas truchas y comenzó el juicio en su contra por Ciccone. 

A la ex presidenta se la acusa de traición a la patria y encubrimiento por el acuerdo con Irán, que aprobó el Congreso y jamás se aplicó ni generó el levantamiento de órdenes de captura contra los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Es imposible entender cómo se configura el delito. De Vido fue procesado por supuestos sobreprecios sobre la compra de gas licuado ¿Y cómo es que esos sobreprecios no tienen contraparte empresaria si se pagó por las operaciones a Shell, Gas Fenosa, British Petroleum, YPF y Sandard & Poors? 

En otra causa, De Vido fue detenido porque la sala II Cámara Federal interpretó que tenía poder de entorpecer la investigación sobre desvío de 265 millones para reactivar la mina de Rió Turbio y porque había desaparecido ya documentación. El Luis Rodríguez no lo había llamado a indagatoria y le había dicho al fiscal Carlos Stornelli que no entendía en base a qué pedía el desafuero, si nunca había visto la causa. Esto no quiere decir que De Vido no haya participado de actos de corrupción, o quién sabe, pero para averiguarlo también cuentan la ley y los derechos. Para detener a Boudou, Lijo invocó ese fallo de la Sala II –que lleva el sello de Martín Irurzun– que estableció este nuevo criterio amplio según el cual no basta que una persona tenga arraigo y responda a todas citaciones, sino que si tuvo poder no hay que descartar que lo conserve. Al ex vicepresidente se lo detuvo sin que haber sido llamado antes a indagatoria y sin que siquiera el fiscal la hubiera pedido. Con la difusión de las imágenes de su detención se redondeó un show humillante. En el juzgado responsabilizan al Ministerio de Seguridad. 

Y en tren de repasos, en la misma lógica, semanas y meses previos, tuvo lugar increíble pericia de Gendarmería ordenada por el juez Julián Ercolini diseñada para dar un vuelco completo a la causa sobre la muerte de Alberto Nisman y decir que lo mataron y apuntar al gobierno anterior. 

El Poder Judicial hace política. Para Mauricio Macri y el oficialismo hubo sobreseimientos, o silencios. Un caso elocuente ese el del titular de la AFI, Gustavo Arribas, escrachado hasta por el diario La Nación por recibir en una cuenta Suiza transferencias millonarias que estarían vinculadas al caso Odebrecht. En la causa penal de la deuda del acuerdo ruinoso a favor de los Macri por la deuda del Correo, no hay movimiento desde agosto. La investigación sobre Panamá Papers y la familia presidencial desapareció con el cambio de fuero; una de enriquecimiento fue cerrada. El embargo por lavado a Jorge Macri fue levantado por la Cámara.   

La obstinación del Gobierno por echar a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó rindió sus frutos esta misma semana, cuando presentó su renuncia. El asedio a la jefa de los fiscales exhibió el afán por controlar el epicentro de las investigaciones penales. Para lograr la renuncia de Gils Carbó el Gobierno consiguió un procesamiento por una supuesta defraudación al Estado. Por las dudas también logró la declaración de inconstitucionalidad del sistema de juicio político al procurador para poder echarla por decreto o por una acusación de oficio previa reforma de la ley. Esto último lo hizo con ayuda del Colegio de Abogados de la Ciudad, leal a los golpes de Estado, y la ONG Será Justicia, integrada por funcionarios del Gobierno, los mismos que esta semana denunciaron a Lijo y a Rafecas. La demostración de que el objetivo iba más allá de Gils Carbó está en la letra del proyecto de ley para reformar el Ministerio Público, que prevé una relación explícita con el Poder Ejecutivo, la posibilidad de echar a todos los funcionarios de la procuración designados sin concurso y romper su estabilidad laboral y designar al Procurador/a con mayoría absoluta en lugar de dos tercios del Senado. 

Todo este gran cuadro revela una enorme pérdida de derechos. Tiene, eso sí, un punto de referencia que se ha desdibujado frente al alto protagonismo de Comodoro Py, y es la Corte Suprema. Ahí empieza todo. Los senderos a seguir por otros jueces, las directivas y los respaldos. 

No sólo por la resolución del 2x1 favorable a la libertad de los represores sino por otras que van minando caminos de acceso a la “justicia”, como el fallo que atacó la obligación de acatamiento de las decisiones de la Corte Interamericana en los tribunales argentinos. Ese fallo, además, tuvo consecuencias contra la libertad de expresión (en un caso de Carlos Menem contra Perfil), y no es el único. Como otro más reciente que dejó firme la condena civil al periodista Fernando Latrille que en una publicación de Ramallo ponía en cuestión el uso del presupuesto de una  biblioteca. En el campo de los derechos laborales la Corte recorta a mansalva: en materia de indemnizaciones, despidos y sindicalización. Todas las decisiones son regresivas, todo es pérdida para los asalariados. Hasta apuntan a debilitar los tribunales del trabajo, y consolidar la intervención del contencioso administrativo (donde dominan los intereses políticos). 

Hay un juego dinámico entre estructuras judiciales, Gobierno y Parlamento. De protección mutua, y aprietes, ida y vuelta. Protección para la concentración de poder, y para eternizarse en él. El expediente de la desaparición y ahora muerte de Santiago Maldonado reveló la intromisión lisa y llana del Poder Ejecutivo en la investigación. La imagen del hermano de Santiago, Sergio, y su pareja, Andrea Antico, siete horas al lado del cuerpo muerto que flotaba en el río Chubut porque no confían ni en la justicia ni en nadie, habla de la degradación de las instituciones y del desprecio a las víctimas, a las que se les promete protección. 

La mal llamada Justicia tiene una pésima imagen, pero paradójicamente satisface la sed de espectáculo, tan funcional a cierta dirigencia política.  

Es una máquina de infundir miedo: si incluso a los poderosos se los encarcela sin juicio, qué le puede pasar a un perejil, o a la gente de a pie.

El Estado de Derecho se parece cada vez más a un privilegio de pocos. 

 

Irina Hauser